El derecho natural y legítimo a una diversidad sexual

El fenómeno de la discriminación atiende a una estructura cultural que empieza a ser construida en la familia y termina de proyectarse y reafirmarse dentro de la sociedad, de tal manera que las concepciones, los prejuicios, estigmas y estereotipos que tengamos de alguien o de algo están fuertemente vinculados con el tipo de sociedad que asume dichos juicios. Es la sociedad la que excluye y la que busca silenciar todo aquello que se oponga a la generalidad, la que no admite formas diversas de expresión, la que se niega a reconocer derechos.

Los imaginarios sociales que califican, que aprueban o reprueban, que libertan o reprimen, que reconocen o niegan tienen una relación directa con el tipo de sociedad en la que se desarrollan. Es precisamente la sociedad la responsable de crear las minorías.

En un lenguaje adecuado la dinámica que niega la diversidad y la inclusión se denomina discriminación. La sociedad política ha tenido tal poder, que ha logrado marginar y negar cualquier diferencia, a tal grado de implantar un modelo monocultural dominante. Frente a esta realidad caótica, se pugna por una alternativa cosmopolita, que tenga como base el reconocimiento de la “otredad”, dando lugar al pluralismo cultural. La necesidad de reconocer la “alteridad”, la presencia de otros entre nosotros, rechaza la idea de homogenizar a todos en un todo, que universaliza y que no acepta la “diferencia”.

La propuesta natural y legítima a una diversidad sexual ha dejado al descubierto que en nuestro país existe un deseo desmedido por horrorizar lo diferente, esas ideas nubladas caracterizadas por menospreciar lo que “otro” quiere, lo que el otro hace, lo que el otro dice, lo que el otro es. La homofobia y la lesbofobia son estructuras injustas que riñen y buscan hacer solo un camino angosto y estricto donde no hay lugar para todos y para todas, solo para unos cuantos.

En México la discriminación que experimentan las personas con motivo de su orientación sexual exige una atención inmediata por parte del Estado, esta problemática requiere la adopción de medidas urgentes para su combate y que estén encaminadas a priorizar la protección de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexo (LGTBI), a fin de que también ejerzan un disfrute pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Luigi Ferrajoli, menciona que existe un modelo de la igual valoración jurídica de las diferencias, basado en el principio de igualdad en los derechos políticos y civiles, de libertad y sociales, que no es indiferente ni intolerante con las diferencias, sino que garantiza a todos su libre afirmación y desarrollo, no discrimina ninguna diferencia, por el contrario las reconoce todas y las valoriza como rasgos de la identidad personal.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenó el asesinato del activista Quetzalcóatl Leija Herrera, quien trabajaba en la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI en Chilpancingo, Guerrero.

La Comisión Interamericana, puntualizó la obligación del Estado de investigar de oficio los hechos y sancionar a los responsables. Señaló la urgencia que existe en México de adoptar de manera inmediata las medidas necesarias que logren garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de quienes se dedican a la defensa de los derechos de las personas LGTBI. Agregó que el gobierno debe implementar políticas públicas y campañas contra la discriminación a fin de evitar la repetición de estos crímenes.

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo primero señala la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades, así como garantizar su libre y pleno ejercicio a todo ser humano sin discriminación de cualquier índole.

La Comisión recordó a México que la labor de estos defensores es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.

La lucha por la erradicación de la discriminación implica la labor fundamental del gobierno, pero junto con ella debe existir la participación de la sociedad. Necesitamos empezar a generar nuevas mentalidades que conciban como aceptable lo diferenciado, necesitamos ser enseñados en el respeto por los demás.

La concepción de igualdad formal y universal necesita ser articulada con el reconocimiento y la aceptación de circunstancias especiales que receta, a fin de lograr la consolidación de respeto a la otredad. De no ser así seguiremos imposibilitando a muchos individuos el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones y con ello continuaran generándose los mecanismos de exclusión, este ha sido el motivo de la lucha porque se reconozcan y protejan constitucionalmente las diferencias y los contextos diversos de los individuos.

La diferencia debe de verse como un valor jurídico, encaminado a lograr la igualdad de derecho: “el igual derecho de todos a ser diferentes”. La diferencia es necesaria para poder consolidar una sociedad abierta, plural y multicultural, que reconozca y acepte a todos, que no dé lugar a la marginación o inferiorización. Ante esta realidad es necesario que existan medidas legislativas, administrativas, económicas, políticas y laborales. Se requiere de todo un desarrollo de normas jurídicas que propicien la tutela y garanticen mediante mecanismos eficientes los derechos diferenciados.

¿Cómo se puede conciliar la igualdad con la diferencia? Es una cuestión que está basada en el valor del pluralismo, de la solidaridad y de la reciprocidad, en miras de generar respeto, reconocimiento y aceptación recíprocos y que demanda actitudes críticas, que nos lleven a despojarnos del miedo a la diferencia. Necesitamos sacudirnos la indiferencia, el elitismo, el machismo, el feminismo y el idiotismo que enturbia el pensamiento.